Censura en Internet

El copyright es el argumento utilizado para borrar videos políticos publicados en Internet. Los grandes medios y la libertad de expresión.

Veánlo en YouTube», dijo la Presidenta. Hablaba frente a intendentes de Córdoba en la sede de la Universidad y se refirió, quizá por primera vez en la historia de los discursos oficiales, al popular sitio de videos. Aquello que la Presidenta quería que su auditorio buscara en YouTube era un fragmento del programa de Mariano Grondona en el que el conductor, en amable tertulia con Hugo Biolcatti, presidente de la Sociedad Rural, ponía en duda que el actual gobierno pudiera llegar a finalizar su mandato. Pero el contenido del video quizá fuera lo de menos. El hecho, el gran hecho, era el ingreso de la Web 2.0 a la vida política oficial de la Argentina.

Fernández de Kirchner dijo «véanlo en Youtube» como antes se decía «salgan a la calle» o se sugería «leánlo en el diario». La pantalla en todas sus variantes, acusada aún hoy de estupidizar a las masas y promover la apatía y la ignorancia, se mete en la política y le sirve de escenario, mientras el ciberespacio amplifica, de un modo más igualitario e interesante, los debates que se dan en el llamado mundo real.
Cientos o quizás miles de blogueros armaron en la Argentina una red inédita. Con paciencia artesanal y eficaces herramientas tecnológicas, fueron tejiendo una respuesta colectiva al discurso monocorde que plantean los grandes medios. Las imágenes no son, para ellos, una amenaza al pensamiento, sino la posibilidad de su multiplicación. Los videos que suben a YouTube y que publican en sus blogs sirven como ejemplo y argumento, juegan y dialogan con lo que dicen los textos. Y en tiempos en que las discusiones, las mentiras y las operaciones políticas están hechos en y por las pantallas, allí, en las pantallas, está también la posibilidad de responderles.
Estos usuarios más o menos anónimos capturan, de la programación televisiva, imágenes clave, fragmentos de entrevistas, declaraciones de funcionarios u otras figuras públicas que, inmersas en el ritmo del zapping cotidiano, se perderían, y las subrayan o las recortan. Las sacan de un contexto donde podrían pasar inadvertidas para resaltar su carácter absurdo, estúpido o reaccionario –allí está, por ejemplo, De Nárvaez admitiendo que habría preferido un tercer gobierno de Menem o Macri quejándose por los bolivianos que van a «nuestras» escuelas–, o, por el contrario, las colocan en la serie de la que forman parte, devolviéndoles su contexto y su historia. Es el caso, por ejemplo, de un almuerzo de 1978 en el que Mirtha Legrand y Susana Giménez se preguntan por qué será que la Argentina tiene tan mala imagen en el exterior, si todo está tan tranquilo, si el Mundial es tan lindo y une tanto a la gente.
Pero muchos de esos videos hoy ya no están. En el lugar que ocupaban hay una pantalla negra y una leyenda en inglés. Es que Artear S.A. solicitó a YouTube que eliminara todo el material cuyos derechos de autor, según la empresa, le pertenecen. El reclamo, que incluye todo el contenido generado por los canales 13 y TN, afecta a buena parte del material político que estaba disponible en el sitio. No es la primera vez que sucede y muchas cuentas –«canales»– han sido cerradas por reclamos de copyright de la misma empresa.
Los afectados, reunidos en el colectivo
Blogueros por la libertad de expresión (http://bloguerosporlalibertad.blogspot.com), consideran que se trata de un hecho de censura y un abuso de propiedad, ya que, a pesar de que los contenidos eliminados fueron generados y transmitidos por las señales del grupo Clarín, «incluyen información de carácter público. De esta manera, se cercena la libertad de difusión de la información de interés ciudadano, con grave daño a la libertad de expresión».
Diego Faur, conocido en la blogósfera como Diego F. y autor del blog Mundo perverso, fue una de las víctimas. Y no es la primera vez que Artear se ensaña con sus videos. «Clarín inauguró en 2007 la política de denunciar a los que subían videos que supuestamente eran de ellos. Digo supuestamente porque en algunos casos tienen razón. Un contenido artístico, una obra de ficción, están protegidos por copyright. Pero la ley de propiedad intelectual es clara y exceptúa a la información periodística. Vos no podés apropiarte, por ejemplo, de una declaración de Kirchner, por más que la haya hecho en tu programa».
La ley a la que se refiere Diego es la 11.723, también conocida como Ley Noble, porque fue precisamente Roberto Noble, fundador de Clarín, quien la impulsó. «Es una ley retrógrada –evalúa Beatriz Busaniche, licenciada en ciencias de la comunicación e integrante de Fundación Vía Libre, que defiende el software libre y los derechos civiles en contextos de nuevas tecnologías–. En la situación tecnológica actual, hay un montón de actividades, como el trabajo de estos blogueros, que son un ejercicio de nuevas formas de la libertad de expresión. Y estas prácticas se cruzan de plano con las leyes de propiedad intelectual de la Argentina». Además de la ley, los temas vinculados con la propiedad intelectual se rigen por tratados internacionales, como el Adpic (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), firmado en 1994, en un momento de fuerte avance de la noción de propiedad intelectual sobre campos y objetos que hasta entonces formaban parte del dominio público, como los genes o las plantas. Estos tratados, agrega Busaniche, «se firmaron a mediados de los 90, son fruto del Consenso de Washington, de la Argentina neoliberal que firmaba todo lo que le pusieran adelante».

El cuadro y el marco
María Elena Casañas, abogada y colaboradora de la Fundación Vía Libre, está convencida de que la ley tiene que cambiar. «El hombre pinta el cuadro y el derecho le pone el marco. En el caso de la ley 11.723, el desarrollo tecnológico ha impactado de tal modo en las herramientas de creación, producción y distribución de los bienes culturales que el cuadro hace mucho que desbordó del marco. Esto favorece a los intereses de quienes durante décadas han medrado con la creación ajena y pretenden mantener inalterado su modelo de negocio, sin importar que éste sea dañino para la sociedad, y en particular a los creadores que dicen querer tutelar». En los 75 años que pasaron desde la sanción de la ley, agrega Casañas, «las modificaciones realizadas consistieron en “parches”, mínimos y a las apuradas».
El problema, según Busaniche, es considerar a los bienes culturales con los mismos criterios de propiedad que se podrían aplicar a una casa o un auto. «Las corporaciones están tratando homologar los derechos que se tienen sobre una obra intelectual con el concepto de propiedad tangible. El derecho de autor nace para proteger al autor del abuso de los editores. Y termina siendo usado de maneras que son muy dañinas socialmente».
La red de blogs políticos y económicos de la Argentina se consolidó, como relata Faur, en 2008, con el conflicto del campo. «Mucha gente sentía que no estaba representada por lo que decían los medios y estaba cansada del bombardeo de ese discurso único. Por eso se pasaron de los medios a los blogs y muchos empezaron a abrir blogs. No querían que les siguieran mintiendo de un modo tan explícito». Los blogs permitieron, entonces y también ahora, no sólo acceder a información que los medios suelen omitir, sino también responderle a ese discurso único. «El blog no es un medio individual, el que hace un blog no está solo en la blogósfera, participa de una discusión a gran escala de temas políticos –agrega Faur–. En una sociedad mediatizada, la política pasó de los aparatos partidarios a los medios de comunicación, y el blog es una herramienta para poder contestarles a los medios». Obviamente, el alcance no es el mismo. Pero el canal de videos de Faur en YouTube tenía más de 400.000 vistas. «¿Cuántos puntos de ranting sería eso», se pregunta.
Así como YouTube apareció en un discurso presidencial, la blogósfera también llegó al Congreso, de la mano del diputado Claudio Morgado, quien presentó un proyecto de declaración en el que manifiesta su preocupación «por acciones de la empresa Artear S.A. tendientes a restringir las libertades de expresión e información en Internet». «La continuidad de esta práctica –señala el documento– sentaría un peligroso precendente de apropiación indebida de información de interés público por parte de un privado con fines de lucro».
No importa si el interés es comercial o político, porque es probable que ambos aspectos se complementen con eficacia. Y el mismo impulso que logró, en Estados Unidos, extender los plazos de copyright de 50 a 70 años después de la muerte del autor, con lo cual «salvó» del dominio público, entre otras cosas, a los dibujos de Walt Disney (por eso se conoce a esta norma como Mickey Mouse Protection Act), es el que hoy pretende colocar alambrados digitales en el ciberespacio.
Internet inaugura una nueva era en materia de comunicación y pensamiento. Pero no son pocos los que sienten nostalgia por el viejo esquema de la comunicación, que la red amenaza con romper en mil pedazos: de un lado, el emisor, que tiene la palabra; del otro, el receptor, que calla y escucha. Lo admitió, con involuntaria sinceridad, un directivo de la Motion Picture Association, entidad que nuclea a grandes militantes del partido del copyright como Disney, Paramount, Sony, Twentieth Century Fox, Universal y Warner Bros. El señor, llamado Jill Williams, visitó Buenos Aires en 2006 y aseguró, ante atónitos periodistas: «Hay que evitar que todos puedan convertirse en radiodifusores».
Acción, Nº1029, primera quincena de julio de 2009.

Marina Garber

Gustavo Arballo
«No hay vacío legal»

Gustavo Arballo es profesor adjunto en Derecho Público en la Universidad Nacional de La Pampa y autor del blog Saber leyes no es saber derecho. Particularmente interesado en la vinculación entre las nuevas tecnologías y las libertades civiles, asegura que la eliminación de videos de YouTube es «una restricción privada a la libertad de expresión. Se puede decir que muchos de los videos que reproducen declaraciones políticas son perfectamente legales y que por eso el levantamiento es arbitrario. La ley 11.723, de propiedad intelectual, tiene excepciones que comprenden específicamente a la publicación de información periodística de discursos políticos, y a las noticias de interés general, que bien interpretadas amparan el contenido de estos videos.
–La empresa Artear reclama la propiedad intelectual de ese material.
–Algunos videos son una compilación de declaraciones, en uso legítimo de derecho de cita. En esos «remixados», versiones caseras de programas como TVR, podemos decir que el compilador genera una obra nueva y es una obra suya. Otros videos pueden ser una simple extracción de lo que se pasó en pantalla. Ahí sí Artear tendría el copyright.
–¿Qué derechos entran en colisión con el derecho de autor en este caso?
–El derecho de libre expresión, que se ve afectado en sus dos vertientes. Al que ha extractado el video se lo afecta en su derecho a difundir información e ideas. Pero también aparece afectado el potencial interesado en verlo, al que se lo priva de su derecho a recibir esas informaciones e ideas. Ese interés más difuso, que no es de nadie en particular y es de todos, hace a la construcción de un robusto debate que es una de las precondiciones de la democracia. Estos temas son ya clásicos en la jurisprudencia y proporcionan argumentos sólidos para decir que, ante la duda, hay que optar por la libertad de expresión y no por las interpretaciones que tengan efectos restrictivos. El derecho a la libertad de expresión tiene un rango constitucional, regulación específica en tratados como la Convención Americana de Derechos Humanos y con jurisprudencia nacional y supranacional que le asigna un estatus prevalente en el espacio conceptual de las libertades públicas preferidas.